Síndic de Greuges de Catalunya.
24/11/2020
El Síndic recomienda la adopción de medidas para priorizar la
prevención, detección e intervención inmediata de las situaciones de violencia
contra los niños que puedan verse agravadas durante la pandemia
La
situación de presión en que se han encontrado muchas familias puede llevar a
responder a las demandas de los hijos con diferentes formas de agresividad o
abuso.
Tanto
durante el confinamiento más estricto como en la actualidad, sin atención
presencial total en la mayoría de los servicios, la víctima se puede encontrar
sin ningún tipo de apoyo.
Cabe
valorar la conveniencia de adaptar los protocolos de manera específica a
las necesidades y casuísticas que han podido surgir a raíz de la crisis de la
COVID.
Con el inicio del estado de alarma como
consecuencia de la pandemia de la COVID, diversas entidades y algunos
profesionales expertos alertaban de la mayor probabilidad de que se
desencadenaran situaciones de violencia en los hogares donde existe ya de
entrada una cierta vulnerabilidad debido a las medidas de confinamiento.
El 2 de abril el Síndic inició una
actuación de oficio para valorar las medidas tomadas en relación
con la detección e intervención de las violencias sufridas por niños y
adolescentes durante el confinamiento, y se dirigió a la Dirección General de
Atención a la Infancia y Adolescencia, a la Secretaría de Salud Pública, a la
Dirección General de Policía y al Área de Derechos Sociales, Justicia Global,
Feminismos y LGTBI del Ayuntamiento de Barcelona.
El incremento de los niveles de estrés entre
los progenitores es a menudo el mayor predictor de violencia física y
negligencia hacia niños y adolescentes. Los padres y madres o cuidadores
en situaciones de mucha presión tienen más probabilidad de responder a las
conductas y demandas de los hijos con diferentes formas de agresividad o
abuso. Una situación excepcional de confinamiento, con una convivencia
permanente y forzosa, la movilidad reducida o nula, más las consecuencias que
se pueden haber sufrido en el ámbito laboral y económico a resultas de la
crisis, pueden favorecer las situaciones de conflicto y violencia. A esto,
cabe sumar también la dificultad para la víctima de no poder
encontrar apoyo de familiares, profesionales u otros recursos y
servicios tan importantes como los centros educativos, los servicios
sociales y los centros de salud, que no han podido seguir su atención
presencial durante el periodo de confinamiento.
Actualmente, la mayor parte de servicios y
recursos de atención a niños y adolescentes están abiertos, algunos, sin embargo,
con un funcionamiento totalmente normalizado, y siguen prestando
parte de los servicios de forma no presencial. En esta línea, algunas
escuelas se van confinando debido a la detección de casos positivos, se da
más absentismo a causa a la pandemia, los servicios de atención primaria
de salud continúan en situación anormal de funcionamiento por la gran
carga de trabajo relacionada con la contención de la COVID, con menos atención
presencial y menos seguimiento no urgente. Y lo mismo sucede con los
servicios sociales de atención primaria, que están desbordados por la
gestión de las situaciones de pobreza sobrevenida derivadas de la crisis social
debido a la situación de emergencia sanitaria y que, para proteger al
personal, hacen menos desplazamientos a domicilio y seguimiento
presencial de los casos. Todo ello ha ocasionado que durante el periodo de
confinamiento algunas situaciones de violencia intrafamiliar, las más
frecuentes, hayan quedado desatendidas y, por lo tanto, los niños que
las han sufrido, desprotegidos. Y así lo avalan algunas de los datos
estudiados por el Síndic. El Registro unificado de maltrato
infantil-salud (RUMI_Salut), que es el instrumento que facilita la información
estadística del maltrato infantil a través de la notificación de los
profesionales de los centros hospitalarios públicos, indica un claro descenso
en el mes de pleno confinamiento, donde sólo se notifican 9 casos
respecto de la media habitual, alrededor de 30 casos
mensuales. También hay un claro descenso en la evolución mensual de
expedientes abiertos en el sistema de protección a partir del mes de marzo y
hasta mayo de 2020.
En cuanto a la intervención de la UDEPMI, que
es la Unidad de detección y prevención del maltrato infantil de la DGAIA y que
da respuesta a comunicaciones, denuncias sociales y solicitudes de información
de casos de maltrato infantil sobre todo derivados del teléfono Infancia
responde 116111, también es el mes de
abril cuando significativamente se abrieron menos expedientes nuevos,
52, respecto de los 227, 276 y 246 de los meses de diciembre, enero y
febrero. También en la misma línea los datos de llamadas recibidas en el
teléfono Infancia Responde, que, mientras que el mes de enero de
2020 recibió 1.401, en abril, en pleno confinamiento, solo recibió 950, un
32% menos.
Por lo anterior, el Síndic pide que, de manera
urgente, se tomen medidas para priorizar la prevención, detección e
intervención inmediata de las situaciones de violencia que se pueden estar
produciendo en niños durante la crisis de la COVID-19.
Concretamente, pide:
1. Un seguimiento proactivo de los servicios y profesionales
para prevenir y detectar la violencia, especialmente en caso de
no asistencia presencial del niño a la escuela y otros recursos de
seguimiento presencial del niño.
2. Más recursos de crianza positiva y acompañamiento a la
parentalidad en el transcurso de todo el proceso de crianza y
hasta a la edad adulta, especialmente durante la
adolescencia. Es necesaria más formación especializada en este ámbito también
dirigida a los profesionales.
3. Reactivar los servicios de atención primaria pediátrica
priorizando las visitas presenciales de seguimiento y el normal funcionamiento
del protocolo del niño sano, en la medida que sea posible, como
herramientas de prevención y detección de situaciones de violencia en niños.
4. Potenciar las estrategias relativas a la detección y la
atención de los malos tratos y los abusos sexuales infantiles y reforzar los
servicios sociales básicos, municipales y comarcales a estos efectos
En cuanto a los servicios sociales y a los
servicios de atención especializada a la infancia en riesgo, es necesario que
los profesionales puedan hacer un seguimiento de los casos con
la máxima presencialidad posible, preservando las medidas de protección, y si
es posible, que incluya visitas a domicilio, para asegurar la
protección de los niños y adolescentes afectados.
1. Realizar más estudios y macroencuestas sobre victimización
para conocer la incidencia real y detectar situaciones que quedan
ocultas, así como ampliar su alcance.
2. Potenciar la educación afectivo-sexual de los niños y
adolescentes.
3. Reforzar, difundir y potenciar todos los medios de denuncia,
especialmente accesibles y cercanos a los niños y adolescentes.
4. Aumentar y extender campañas de sensibilización también en
redes sociales.
5. Mejorar el conocimiento de los protocolos existentes para
luchar contra el maltrato infantil y valorar su actualización en base
a las medidas tomadas para la contención de la pandemia.
El Síndic también pide que se valore que
se puedan adaptar los protocolos de manera específica a las necesidades y
casuísticas que han podido surgir a raíz de la crisis de la COVID y
la situación de confinamiento para que puedan dar respuesta a nuevas
situaciones que se puedan producir de manera reflexionada.
También ve necesario continuar con el trabajo
de la Mesa Nacional de la Infancia de Cataluña y con la implantación del
protocolo marco de actuaciones contra el maltrato infantil en cuanto a la
coordinación entre departamentos, a fin de lograr una intervención
eficaz que aborde la prevención, la detección y la atención de
cualquier forma de violencia contra los niños.